Los diputados tratan hoy la ley que establece la obligatoriedad de conservar el tráfico de datos, bautizada como “pyrawebs”. Ayer hubo un intenso debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que resolvió dar a conocer su dictamen recién durante la sesión.
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se define hoy el futuro de la ley bautizada como “pyrawebs”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Por un lado están los legisladores que quieren el rechazo de la normativa y, por el otro, el dictamen de aprobación con modificaciones emitido por la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado colorado Bernardo Villalba. En la víspera varias organizaciones civiles, como Tedic y Amnistía Internacional, además de representantes de Conatel, de la Fiscalía de Delitos Informáticos y de la Unidad de Trata de Personas, debatieron sobre la propuesta de ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Ramón Romero Roa.
A favor
Para el Ministerio Público la extensión del plazo de almacenamiento de datos de 6 a 12 meses permitirá agilizar las investigaciones de delitos como la pornografía infantil y la pedofilia. Actualmente la Ley N° 4868/2013 de Comercio Electrónico establece en su artículo 10 la obligatoriedad de almacenar el tráfico de datos, pero solo por seis meses. Se podrá acceder a dichos datos mediante una orden dictada por un juez, lo que se mantendrá con la propuesta de ley. En cuanto a la modificación planteada por el diputado Bernardo Villalba, se propone que las telefónicas identifiquen a las personas que tengan acceso a los datos de los usuarios almacenados con un código individual, que permita llegar hasta el responsable de una eventual filtración, y que el hecho sea castigado con una pena de hasta 10 años de cárcel.
En contra
La diputada Olga Ferreira manifestó su rechazo a la ley “pyrawebs” señalando que la misma es inconstitucional por violar los artículos 33 y 36 de la Carta Magna. La legisladora expresó que el riesgo es que los datos de los usuarios sean filtrados y utilizados para dañar o cometer delitos. “Y si se revela, ¿quién me devuelve a mí mi derecho violentado? La intención es loable, pero es inconstitucional”, recalcó. Amnistía Internacional propuso que se plantee otro proyecto siguiendo estándares de DD. HH.
FUENTE ABC
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se define hoy el futuro de la ley bautizada como “pyrawebs”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Por un lado están los legisladores que quieren el rechazo de la normativa y, por el otro, el dictamen de aprobación con modificaciones emitido por la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado colorado Bernardo Villalba. En la víspera varias organizaciones civiles, como Tedic y Amnistía Internacional, además de representantes de Conatel, de la Fiscalía de Delitos Informáticos y de la Unidad de Trata de Personas, debatieron sobre la propuesta de ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Ramón Romero Roa.
A favor
Para el Ministerio Público la extensión del plazo de almacenamiento de datos de 6 a 12 meses permitirá agilizar las investigaciones de delitos como la pornografía infantil y la pedofilia. Actualmente la Ley N° 4868/2013 de Comercio Electrónico establece en su artículo 10 la obligatoriedad de almacenar el tráfico de datos, pero solo por seis meses. Se podrá acceder a dichos datos mediante una orden dictada por un juez, lo que se mantendrá con la propuesta de ley. En cuanto a la modificación planteada por el diputado Bernardo Villalba, se propone que las telefónicas identifiquen a las personas que tengan acceso a los datos de los usuarios almacenados con un código individual, que permita llegar hasta el responsable de una eventual filtración, y que el hecho sea castigado con una pena de hasta 10 años de cárcel.
En contra
La diputada Olga Ferreira manifestó su rechazo a la ley “pyrawebs” señalando que la misma es inconstitucional por violar los artículos 33 y 36 de la Carta Magna. La legisladora expresó que el riesgo es que los datos de los usuarios sean filtrados y utilizados para dañar o cometer delitos. “Y si se revela, ¿quién me devuelve a mí mi derecho violentado? La intención es loable, pero es inconstitucional”, recalcó. Amnistía Internacional propuso que se plantee otro proyecto siguiendo estándares de DD. HH.
FUENTE ABC
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