jueves, 12 de marzo de 2015


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Diputados rechaza proyecto "pyrawebs" alegando inconstitucionalidad La Cámara de Diputados rechazó el proyecto conocido como "pyrawebs" que obliga a los prestadores de Internet a almacenar los datos de conexión de los usuarios. Argumentaron violaciones de los derechos humanos garantizados en la Constitución Nacional.
Luego de postergar su tratamiento la semana pasada, por ocho días, los diputados decidieron rechazar el proyecto de ley que establece la obligación de conservar datos de tráfico durante la sesión ordinaria de este jueves. La propuesta es conocida como "pyrawebs" en alusión a los informantes policiales de la dictadura stronista (pyragues).

Varios sectores políticos y organizaciones civiles sostuvieron que el proyecto viola varios derechos fundamentales de los ciudadanos. Este proyecto retorna a la Cámara de Senadores que le otorgó media sanción y deberá reafirmar su postura inicial o aprobará el rechazo.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Olga Ferreira, reiteró su dictamen por el rechazo de este proyecto por atentar contra principios básicos como la libertad de expresión, privacidad y presunción de inocencia. "Si se aprueba el proyecto volveremos a un pasado nefasto del país donde todos los ciudadanos vamos a estar controlados", afirmó al tiempo de agregar que también se estarían violando los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. Además, sostuvo que "nos ponen a todos los inocentes en la misma bolsa con unos cuantos delincuentes".

También dijo que no se tiene conocimiento de adónde irán a parar todos esos datos de tráfico al culminar el periodo de doce meses.
Los voceros de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y Obras Públicas, Ramón Romero Roa, Bernardo Villalba y Danny Durand, respectivamente, coincidieron en que el texto proveniente de la Cámara de Senadores no garantiza ni regula el uso que se dará a los datos de tráfico y viola derechos constitucionales.

Las comisiones afirmaron que es necesaria esta ley pero bajo todas las garantías y evitando los abusos y posibles daños contra los ciudadanos. A pesar de algunas modificaciones realizadas, las dos dictaminaron también por el rechazo.

 El titular de la Comisión de Tecnología, Antonio Buzarquis, también habló en el mismo tenor y se preguntó "¿quién va a controlar a los que nos controlan?". También dijo que con este proyecto, 6 millones de paraguayos ya estarán siendo sospechados. Prácticamente todos los diputados estuvieron de acuerdo en esa tesitura, por lo que el debate se redujo solo a los líderes de cada bancada, quienes dejaron su postura. Luego procedieron al estado de votación.
El único diputado que se mostró en contra del rechazo y a favor de las modificaciones fue el colorado Óscar Tuma. Dijo que se subsanó el 80% del documento con los cambios introducidos y que posteriormente se podía cambiar el restante 20%.

 También habló sobre la hipocresía reinante en el país porque nadie habló de derechos humanos y derechos a la intimidad cuando se sacó información de llamadas de un legislador cuando ejercía su función de diputado o cuando se divulgó el video erótico del senador Juan Carlos Galaverna.

 Dijo que se habló de medias verdades con respecto a esta ley al explicar que los datos serán guardados en un servidor y no será controlado por una persona el movimiento de cada ciudadano. Mencionó que solo se sabrá el contacto que tuvo cada persona, pero no así su contenido y que solo en el marco de una denuncia penal se podrá solicitar.
La legislación pretende que las prestadoras del servicio de Internet (telefónicas) almacenen los datos de conexión de los usuarios, de manera a poder ayudar al Ministerio Público a rastrear a los responsables de diversos delitos.

El proyecto de ley señala, por ejemplo, que los prestadores de servicios deberán conservar por un año todos los datos de tráfico de comunicaciones que estén vinculados al acceso a Internet, como el nombre y dirección del usuario y titular registrado que acceda a la web; en tanto que la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o destinatarios de una llamada telefónica por Internet deberán conservarse también la fecha y hora de conexión y desconexión, así como el IP o dirección de protocolo.
FUENTE ULTIMA HORA
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Los diputados tratan hoy la ley que establece la obligatoriedad de conservar el tráfico de datos, bautizada como “pyrawebs”. Ayer hubo un intenso debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que resolvió dar a conocer su dictamen recién durante la sesión.
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se define hoy el futuro de la ley bautizada como “pyrawebs”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Por un lado están los legisladores que quieren el rechazo de la normativa y, por el otro, el dictamen de aprobación con modificaciones emitido por la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado colorado Bernardo Villalba. En la víspera varias organizaciones civiles, como Tedic y Amnistía Internacional, además de representantes de Conatel, de la Fiscalía de Delitos Informáticos y de la Unidad de Trata de Personas, debatieron sobre la propuesta de ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Ramón Romero Roa.
A favor

Para el Ministerio Público la extensión del plazo de almacenamiento de datos de 6 a 12 meses permitirá agilizar las investigaciones de delitos como la pornografía infantil y la pedofilia. Actualmente la Ley N° 4868/2013 de Comercio Electrónico establece en su artículo 10 la obligatoriedad de almacenar el tráfico de datos, pero solo por seis meses. Se podrá acceder a dichos datos mediante una orden dictada por un juez, lo que se mantendrá con la propuesta de ley. En cuanto a la modificación planteada por el diputado Bernardo Villalba, se propone que las telefónicas identifiquen a las personas que tengan acceso a los datos de los usuarios almacenados con un código individual, que permita llegar hasta el responsable de una eventual filtración, y que el hecho sea castigado con una pena de hasta 10 años de cárcel.
En contra
La diputada Olga Ferreira manifestó su rechazo a la ley “pyrawebs” señalando que la misma es inconstitucional por violar los artículos 33 y 36 de la Carta Magna. La legisladora expresó que el riesgo es que los datos de los usuarios sean filtrados y utilizados para dañar o cometer delitos. “Y si se revela, ¿quién me devuelve a mí mi derecho violentado? La intención es loable, pero es inconstitucional”, recalcó. Amnistía Internacional propuso que se plantee otro proyecto siguiendo estándares de DD. HH.
FUENTE ABC

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jueves, 5 de marzo de 2015

El Congreso está a pasos de sancionar una ley que obligará a los prestadores de servicios de internet a recolectar y retener, por 12 meses, direcciones de IP y así obtener el "rastro" de cada paso que des mientras estás en internet. De aprobarse la normativa, el Estado podrá vigilar masivamente el movimiento en la web de todos los ciudadanos. Por ejemplo, se podrá rastrear quién se comunica con quién, por cuánto tiempo y desde dónde. El proyecto de ley que establece la obligación de conservar datos de tráfico fue presentado por los senadores Arnaldo Giuzzio (PDP), Arnoldo Wiens (ANR), Fernando Silva Facetti (PLRA) y Robert Acevedo (PLRA). Cuenta con media sanción por parte de la Camara de Senadores y ahora se encuentra en debate en las comisiones de la Cámara de Diputados.

La normativa es cuestionada desde varios sectores de la sociedad civil debido a que violenta derechos fundamentales como la privacidad, la asociación y la libertad de expresión. Es costosa e invasiva y además crea un enorme potencial para el abuso por parte de instituciones estatales, señalan los detractores. La retención obligatoria de datos de tráfico es espionaje masivo e inconstitucional según organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Katitza Rodriguez, especialista en privacidad de las comunicaciones de la oenegé, explicó que toda limitación de derechos debe darse conforme a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Destacó la tendencia en otros países que han declarado la inconstitucionalidad de este tipo de leyes que amenazan la privacidad de las personas. Por su parte, Maricarmen Sequera de la organización TEDIC explicó que con esta ley todos seriamos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. “Todos los que estamos aquí seriamos sospechosos de algo hasta que se demuestre lo contrario. La fiscalía o el poder judicial tendrían acceso a todos nuestro datos”, advirtió. Explican que si bien la norma dice que excluye el contenido, es una definición bastante ambigua ya que los metadatos (datos de los datos) pueden facilitar el comportamiento de la persona que está navegando en internet. “Solo se conservarán los datos de tráfico y no el contenido de las comunicaciones electrónicas”, garantizando así el secreto de las comunicaciones de los usuarios, indicaron los senadores proyectistas.

El articulo 5 de la norma establece que las empresas proveedoras de servicios de internet deberán conservar por un plazo de 12 meses los datos de tráfico referentes a: la dirección de IP, origen y destino de la misma, hora y fecha de conexión y desconexión. Además, el nombre y domicilio del titular registrado al momento del establecimiento de la comunicación y los datos que faciliten la geolocalización (ubicación) y el equipo utilizado. Estos datos que revelan el registro de actividad de un usuario de internet deberán estar a disposición del juzgado de garantías que realice el pedido en no más de 72 horas.

ESPIONAJE Este tipo de leyes en otros países ha desatado episodios escandalosos de espionaje. En Polonia, los medios de comunicación informaron de casos en que los organismos de inteligencia utilizan los datos de tráfico para perseguir a periodistas que se negaron a revelar sus fuentes. En Alemania, Deutsche Telekom utiliza ilegalmente datos de tráfico y de localización de telecomunicaciones para espiar a los ciudadanos, incluyendo a los periodistas críticos, gestores y líderes sindicales con el fin de tratar de encontrar fugas. Otra arista señalada por los detractores de la ley es que la retención de los datos de “origen” y “destino” de las comunicaciones de los usuarios generaría un importante aumento en el costo de las empresas proveedoras de internet. Eso implica, ineludiblemente, un traslado de ese costo a los consumidores. Es decir, tener acceso a internet será aún más caro y menos accesible.

EL REGRESO DE LOS PYRAGUÉS
Los argumentos en contra de la normativa expresan además el temor al regreso de la práctica del “pyrague” (delator, espía) tan característica de épocas anteriores. El riesgo aumenta considerablemente ante la posibilidad de robos y divulgación a la que se expondrían dichos datos. ¿Cómo se evitaría que esos millones de datos no estén próximamente a la venta en páginas de clasificados?. ¿Cuáles son las garantías de que esos datos no sean manejados por manos inescrupulosas?. Otro aspecto, de no menor importancia, es el órgano administrativo designado para el control del cumplimiento de la ley.

En su articulo 10 el proyecto establece que será la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la encargada de verificar el cumplimiento, por parte de las proveedoras del servicio de internet, de la obligación establecida. Actualmente la proliferación de radios piratas en todo el país demuestra la incapacidad del ente contralor.

¿Cómo van controlar el cumplimiento de esta nueva ley?
“SIN ESA LEY NO PODEMOS INVESTIGAR” El Ministerio Público es el principal propulsor de la aprobación de la ley. En el marco de una audiencia publica organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los agentes fiscales de la Unidad de Delitos Informáticos expusieron los argumentos a favor de la aprobación de la ley. Al respecto la fiscal Maria Teresa Aguirre destacó que la obtención de los registros de IP constituye un elemento fundamental para la persecución y sanción de delitos que se cometen a través de medios tecnológicos.

“En Paraguay se registran tres denuncias por día de pornografía infantil”, reveló la agente del Ministerio Público.
Explicó que para investigar esas denuncias deben enviar vía exhorto judicial a las empresas como Facebook o Google. “Al obtener el IP tenemos que pedirle a una proveedora de servicio a quién pertenece esa dirección”.

Ese trámite lleva un tiempo aproximado de 6 meses, en el mejor de los casos, ya que intervienen en el proceso varias instituciones. La agente del Ministerio Público negó que el objetivo de ley sea realizar una vigilancia masiva. Señaló que solo servirá para investigar delitos en el ámbito penal, y no cuestiones civiles. La fiscalía no estará pendiente de todas las personas, solo de aquellas sospechadas o que ya cometieron hechos punibles, explicó. “No tenemos la tecnología ni la intención de hacer eso. Es una utopia”, declaró Aguirre.

Por su parte, el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Informáticos de la fiscalía, Ariel Martinez, señaló que solo cuando se tengan indicios suficientes de la comision de hechos punibles enytrara a operar lo que se prevé en la ley. “Lo que esta ley busca es una excepción pero una excepción fundada”, argumentó. Ante la consulta de porqué Paraguay recurre a un sistema de retención obligatoria cuando en otros países, como EE.UU, recurren a una figura menos invasiva como la preservación de datos de tráfico, en la que solo se solicita la preservación por un breve periodo de los IP de personas investigadas; el agente fiscal basó su argumento en la “realidad” del pais. “Acá la realidad es totalmente diferente y la única salida que tenemos en la retención de los datos de tráfico”, sentenció. Otro de los argumentos esgrimidos por los agentes fiscales y sus asesores es que Paraguay ya cuenta con disposiciones legales que obligan a retener los datos de tráfico. El articulo 10 de ley de Comercio Electrónico ya obliga a la misma guarda de datos solamente a los efectos de las transacciones comerciales.

Tambien la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia incluye la interceptación de datos en tiempo real, permitida bajo ciertas condiciones.

ARCHIVO DEL TERROR 2.0 David Bogado, estudiante de la Universidad Católica y usuario del servicio de internet participó de la audiencia y cuestionó a las autoridades el objetivo de la ley. Aseveró que la tendencia en países europeos es revertir este tipo de legislaciones.

“En Paraguay ¿nos uniríamos a Cuba, China, o Corea del Norte?”, se preguntó.
Bogado advirtió acerca de los peligros que generaría poner en manos del Estado un acceso brutal de información que afecte a todos los ciudadanos.

“Si este proyecto está hecho en democracia y pretende controlar lo que transita por internet, ¿No seria un retroceso volver a la época de los pyragues (delatores) o en este caso ‘pyrawebs’?”


FUENTE HOY
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Pyrawebs, absoluto retroceso

Para la diputada Olga Ferreira de López, la ley denominada Pyrawebs, representa un absoluto retroceso de la libertad y el derecho a la intimidad ciudadana, aún cuando su origen tenga relación con la prevención de delitos.





La legisladora se despachó en estos términos sobre el proyecto a ser tratado en sesión de este jueves y asegura que se trata de un atentado contra la libertad y la intimidad, debido a que se controlará todos los movimientos de una persona en internet y esos datos permanecerán guardados por un año, el costo para la operadora ronda los US$ 10.000.000 costo absorbido por la persona, “es decir vamos a pagar para que se guarden nuestros datos”, dijo a la 780 AM.
Otra falencia señalada por la diputada tiene que ver con quienes acceden a los datos del usuario, situación que podría prestarse a chantajes o extorsiones de todo tipo. “Si bien no creo que haya mala intención, los proyectistas no midieron las consecuencias, esto es prácticamente controlar los pasos de todos los habitantes”.

Ferreira cree que a pesar de que la ley fue concebida con el propósito de facilitar el trabajo a los investigadores del Ministerio Público, no implica someter a los habitantes de un país a que su intimidad quede expuesta. 
“Esta ley provocaría reacción de organismos internacionales con quienes tenemos convenios y me preocupa también lo interno porque vamos a retroceder, quien no quiere tener herramientas para luchar contra delitos como el secuestro, la pedofilia y el lavado de dinero... pero no por unos cuantos vamos a estar sometidos todos”, recalcó.
Al mismo tiempo mostró su preocupación por el desconocimiento que rodea a este proyecto, incluso entre quienes lo debatirán en Cámara Baja. Por ello exhortó a sus colegas a no cerrar los debates, añadió que en caso de aprobarse quedan dos caminos, apelar a la derogación o directamente atacarla de inconstitucional.


FUENTE ABC
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"Postergaron" ley “pyrawebs”

La Cámara de Diputados decidió postergar por ocho días el tratamiento del polémico proyecto de “conservación de datos de tráfico”, conocido como ley “Pyrawebs”.
Luego de un largo debate, los diputados votaron a favor de la postergación del tratamiento del proyecto de ley, duramente criticado por organizaciones civiles y de Derechos Humanos. También se planteó el rechazo total, pero esta proposición planteada por varios diputados no tuvo éxito. De no tratarse el próximo jueves, tendrá sanción automática.
La propuesta “establece la obligación de conservar datos de tráfico”, según indica el documento. Sin embargo, es conocida como la ley “pyrawebs”, palabra que hace alusión a los llamados “pyrague” (delatores) de la dictadura de Alfredo Stroessner, quienes se encargaban de dar información al régimen sobre la actividad de los opositores, quienes luego eran perseguidos, torturados, desaparecidos y en muchos casos asesinados. El término “web” completa el juego de palabras, ya que los datos estarán disponibles a través de internet.
Este proyecto obliga a los proveedores de servicios de internet (ISP) de nuestro país a conservar, durante 12 meses, los detalles de quién se comunica con quién, por cuánto tiempo y desde dónde. También permite a las autoridades tener acceso a estos datos históricos, exponiendo la información de geolocalización que revela el paradero físico de los paraguayos. Básicamente, esto significa que todo lo que uno hace en internet estará controlado por el Estado.

EN CONTRA

Varios diputados se manifestaron en contra del proyecto, que ya cuenta con la aprobación del Senado. “Se viola el derecho a la libertad”, indicó en su alocución la diputada independiente Olga Ferreira. La misma ofició de vocera de la Comisión de Derechos Humanos, instancia que dictaminó por el rechazo total. “La conservación de datos de tráfico va más allá de lo necesario. La retención de datos es invasiva. Daña el derecho a la asociación y a la libertad de expresión”, indicó.
El diputado liberal Víctor Ríos también se pronunció en contra. “No hay que detenerse en el análisis superficial de su choque literal con la Constitución Nacional. Esto solo puede ser concebido por alguien de mentalidad totalitaria. Esto es totalitarismo puro”, arremetió. Dijo que es lo mismo que los “pyrague” de la dictadura, solamente que de manera virtual.
“Es retornar al pasado. El modelo autoritario ha dañado en su médula a la sociedad paraguaya”, indicó el liberal Dionisio Amarilla. Por su parte, el diputado del Frente Guasu Ramón Duarte dijo que el proyecto es inconstitucional porque “viola claramente el derecho a la intimidad”.

POR LA “SEGURIDAD”

La mayoría de los que se manifestaron a favor del proyecto, o bien, del aplazamiento de su tratamiento, fueron colorados. Óscar Tuma inició su intervención diciendo que sería “coherente” e iría “contra la corriente” apoyando la propuesta. “Lindo discurso, pero acá tenemos que garantizar la seguridad”, dijo en un momento. Justificó el proyecto diciendo que “el EPP puede usar Skype” pero no se le va a poder localizar sin la ley. “Le estamos cortando los brazos a la Fiscalía”, resaltó.
El colorado Bernardo Villalba también trató de justificar la propuesta sacando a flote el tema de la “seguridad” e inclusive el “terrorismo”. “Puede ser interesante para enfrentar el terrorismo en el Paraguay (…) No está totalmente mal. Si se hace bien puede ser útil a la sociedad paraguaya, especialmente en el tema de seguridad”, expresó.
La propuesta fue impulsada por los senadores liberales Robert Acevedo y Fernando Silva Facetti, el colorado Arnoldo Wiens y Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista (PDP). De acuerdo a estos senadores, el control de tráfico de datos permitirá prevenir la delincuencia en internet y la “realización de conductas antijurídicas que ponen en peligro diversos bienes jurídicos protegidos por el Estado”.

FUENTE ABC
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Tratarán ley de “pyrawebs”

En el punto 10 del orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto de ley de “obligación de conservar datos de tráfico”, conocida como la ley de “pyrawebs” por su similitud con el espionaje que se hacía en la dictadura.

La propuesta, ampliamente criticada por organizaciones civiles y de Derechos Humanos, “establece la obligación de conservar datos de tráfico”, según indica el documento a ser tratado. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Se cuenta con el dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones.
Mientras tanto, la comisión de Ciencia y Tecnología pide modificaciones en algunos puntos antes de que sea aprobada. La Comisión de Derechos Humanos es la única que solicita su rechazo. Con estos dictámenes, es posible que termine aprobándose. Si no se trata hoy, tendrá sanción ficta el próximo 12 de marzo.

DURAS CRÍTICAS

Esta ley es conocida como la ley de “pyrawebs”, palabra que hace alusión a los llamados “pyragués” (delatores) de la dictadura de Alfredo Stroessner, quienes se encargaban de dar información al régimen sobre la actividad de los opositores, quienes luego eran perseguidos, torturados, desaparecidos y en muchos casos muertos. El término “web” completa el juego de palabras, ya que los datos estarán disponibles a través de internet.
La propuesta fue impulsada por los senadores liberales Robert Acevedo y Fernando Silva Facetti, el colorado Arnoldo Wiens y Arnaldo Giuzzio, del Partido Encuentro Nacional. De acuerdo a estos senadores, el control de tráfico de datos permitirá prevenir la delincuencia en internet y la “realización de conductas antijurídicas que ponen en peligro diversos bienes jurídicos protegidos por el Estado”.
Este proyecto obliga a los proveedores de servicios de internet (ISPs) de nuestro país a conservar, durante 12 meses, los detalles de quién se comunica con quién, por cuánto tiempo y desde dónde. También permite a las autoridades tener acceso a estos datos históricos, exponiendo la información de geolocalización que revela el paradero físico de los paraguayos.Básicamente, esto significa que todo lo que uno hace en internet estará controlado por el Estado.

¿ESTADO POLICIAL?

“Los 35 de años de dictadura en Paraguay marcaron desde los años '60 a una sociedad con miedo y silencio. Este Estado policial no es nuevo y, aún peor, que esa vigilancia será hecha por empresas privadas. Queremos un país democrático, no a la ley #pyrawebs”, afirmó Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de la organización Tedic (Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación).
Por su parte, la diputada independiente Olga Ferreira, dijo que la ley representa un absoluto retroceso de la libertad y el derecho a la intimidad ciudadana, aún cuando su origen tenga relación con la prevención de delitos. “Si bien no creo que haya mala intención, los proyectistas no midieron las consecuencias, esto es prácticamente controlar los pasos de todos los habitantes”, manifestó.
Como parte de la campaña, Tedic habilitó un sitio web en se puede acceder a más información y datos sobre el polémico proyecto de ley: http://pyrawebs.tedic.org/. En la web de Diputados se puede leer todo el proyecto, otras informaciones al respecto y el proceso de tramitación. Para ello, haga clic aquí.
 



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